La fuga de al menos 14 internos del anexo denominado “Framboyán Sendero de Guerra 24 Horas”, registrada durante la madrugada del lunes en la colonia Insurgentes Norte, es investigada por autoridades ministeriales luego de que exinternos y familiares denunciaran presuntos actos de violencia, tortura, privación ilegal de la libertad y condiciones insalubres al interior del establecimiento.Entre las personas que lograron salir se reporta la desaparición de un menor de 14 años de edad, identificado como Edwin, cuyo paradero hasta el momento es desconocido. La situación ha generado preocupación entre sus familiares, quienes solicitaron la intervención urgente de las autoridades para su localización.De acuerdo con testimonios recabados, la fuga habría ocurrido en un contexto de malos tratos sistemáticos, que incluirían agresiones físicas y psicológicas, castigos prolongados, restricción de alimentos, falta de atención médica y comunicación limitada con familiares. Exinternos señalan que estas condiciones los habrían llevado a planear la salida como una medida desesperada.Uno de los sobrevivientes relató que fue ingresado contra su voluntad y que durante su estancia fue sometido a castigos físicos constantes, por lo que actualmente recibe atención psicológica especializada. Otro testimonio señala presuntos amarres prolongados, pérdida considerable de peso y enfermedades derivadas de la falta de higiene.Familiares también denunciaron que el lugar operaría sin supervisión adecuada, bajo un esquema de cuotas semanales, y que las despensas entregadas no llegaban a los internos. Asimismo, se mencionan presuntas amenazas contra quienes han intentado iniciar acciones legales.Pese a la gravedad de los señalamientos, el inmueble no ha sido clausurado, mientras que autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades y verificar las condiciones legales y sanitarias del anexo.Hasta el cierre de esta edición, cinco de los internos fugados no han sido localizados, incluido el menor de edad, cuyo caso ha encendido el reclamo de justicia y ha puesto en el centro del debate la operación de centros de rehabilitación irregulares en la región.